La cruzada de los campesinos chocoanos

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La situación de más de 76 mil habitantes en las riveras del río Atrato es pésima; las comunidades campesinas han alertado sobre los problemas que deben enfrentar en relación al diario vivir. Las dragas que extraen el oro y el platino los tienen contra las cuerdas. 

Por: ElCampesino.co

A los tribunales de Cundinamarca llegaron en enero del año pasado, los abogados de varias organizaciones sociales campesinas del Chocó, en su poder tenían una serie de denuncias en las que se detallaba como la minería ilegal estaba cambiando sus vidas.

Foto: enamoratedelchoco.co
Foto: enamoratedelchoco.co

Las denuncias son claras. Según el diario EL ESPECTADOR, son más de  76 mil habitantes de las riveras del río Atrato y de otros afluentes los que están en serio peligro; los niveles de metales pesados en las aguas de los ríos de donde se abastecen y de donde obtienen su alimento, son demasiado altos. Entidades como la Defensoria del Pueblo, la autoridad ambiental del Chocó y las comunidades han advertido sobre problemas tan serios como los de la Guajira. Según el diario bogotano, en las denuncias que ya están en estudio, se informa sobre el aumento en las malformaciones de los niños chocoanos que tienen contacto con las aguas contaminadas.

En los tribunales del país existen procesos judiciales en relación a la explotación ilegal de los recursos naturales del departamento  del Chocó, pero aún no han dado resultados; ahora las asociaciones campesinas de ese departamento han creado un movimiento social calificado como el más grande en la historia del Chocó.

El consejo Comunitario Mayor de organización Popular Campesina del Alto Atrato y el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, han acordado reunirse con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó  y la Asociación  de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato.

Son 180 consejos comunitarios campesinos los que  se han puesto de acuerdo para apoyar la iniciativa popular que, entre otras cosas, busca que  entidades del Estado, como los Ministerios de Agricultura y de  Medio Ambiente y las gobernaciones de Antioquia y Chocó, hagan las tareas necesarias, y que no han realizado, para garantizar el derecho a la vida digna y a un medio ambiente saludable.

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