Comunidad Wayúu pide medidas cautelares contra el Estado por represamiento del río Ranchería

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Gonzalo Guillén, periodista; Carolina Sáchica, directora de consultorio jurídico y Javier Rojas, líder wayúu.  Fotografía Laura Vega / Oficina de Comunicación Utadeo
Gonzalo Guillén, periodista; Carolina Sáchica, directora de consultorio jurídico y Javier Rojas, líder wayúu. Fotografía Laura Vega / Oficina de Comunicación Utadeo

Por Viviana Yanguma y Lorena Rivera

La comunidad wayúu, en conjunto con el consultorio jurídico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ha solicitado medidas cautelares contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIH) por el represamiento del río Ranchería, a manos de la multinacional minera El Cerrejón.

El río Ranchería es el principal afluente de la región y abastece a la mayoría de la población indígena. Por lo que su represamiento ha generado una serie de problemáticas que han dejado al menos 4.700 niños muertos en los últimos 5 años según revela la Asociación Shipia Wayúu. Entre las cuales están: La actividad minera, la cual ha dejado altos niveles de contaminación en la región; y la falta de agua que ha causado afectaciones graves a los cultivos y   muerte de animales. Lo anterior ha llevado a que la comunidad wayúu tenga que recurrir a fuentes hídricas no aptas para el consumo humano como lo son pozos elaborados artesanalmente.

La decisión de solicitar las medidas cautelares, se toma a partir de la iniciativa de líderes indígenas, entre ellos Javier Rojas Uriana, representante de la comunidad étnica wayúu, quien después de agotar todas las vías legales en Colombia, decidió acercarse al consultorio jurídico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dirigido por la abogada Carolina Sáchica, quien mostró su preocupación por la alta vulneración de derechos humanos.
Esta institución educativa está comprometida con las causas ambientales y humanitarias del país, razón por la cual accedió representar legalmente a esta comunidad.

En el documento enviado el 6 de febrero de este año a la CIH, se pide que se abran las compuertas de la represa El Cercado para dejar correr el cauce del río, con el fin de que las comunidades puedan utilizarlo como lo han hecho por miles de años o al menos hasta que logren acreditar que existen más fuentes hídricas aptas para el consumo. También se solicita el cese del uso del agua por parte de El Cerrejón para las actividades carboníferas hasta que se pueda asegurar que estas, no afectan a las poblaciones nativas, asì mismo se solicita un estudio ambiental que certifique los impactos y qué tan conveniente es, realmente, la minería en la región. Por último se busca que el Estado colombiano promueva políticas públicas para evitar la desnutrición, y que haya un seguimiento por parte de este mismo Estado a los niños que viven en las rancherías.

“Es necesario que se privilegie al ser humano y sus derechos sobre la actividad económica” “esta causa es muy importante para nosotros y esperamos que lo sea para muchas personas, más no solo a nivel nacional sino internacional” aseguró la abogada Carolina Sáchica en la rueda de prensa en la que se expusieron las razones por la que se solicitan las medidas cautelares.

Actualmente la comunidad Wayúu es el pueblo indígena más grande del país, sin embargo el auto 004 de 2009 declaró que esta comunidad étnica, es un pueblo en vía de exterminio, a pesar de esto, hasta la fecha no se han tomado medidas que den solución efectiva a este problema. Según Javier Rojas, la vulneración reiterada de derechos humanos y la ausencia total del Estado conducirá a la extinción total de esta comunidad en los próximos años.

En cuanto a esta problemática la multinacional carbonífera El Cerrejón, asegura que ha evaluado el impacto que pueden llegar a tener sus actividades en la comunidad y en el medio ambiente y que si es posible, estas complicaciones se previenen, mitigan o compensan. Así mismo asegura que la sequía que se presenta en el río se debe a la deforestación a la que ha sido sometida la región.

Antecedentes

La empresa carbonífera El Cerrejón presentó un estudio de expansión en el que propuso desviar 26 kilómetros del río Ranchería, el cual atraviesa prácticamente todo el departamento de la Guajira, lo cual implicaría un alto costo ambiental, además de la vulneración de los derechos humanos de esta población.

Esta propuesta se realizó asegurando que en el cauce del río hay más carbón que en las orillas del mismo y que su explotaciòn y contrucciòn generarìa 5 mil empleos de tiempo completo y ayudaría al desarrollo económico de la región. Sin embargo la multinacional congelo esta posibilidad y en su lugar decidió represar el rìo Ranchería.

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