Por primera vez un tribunal nacional ha juzgado y condenado la esclavitud sexual como crimen de guerra

Quince mujeres indígenas Maya-Quechi, logran este veredicto trascendental para la violencia de género en el mundo.

Por: ElCampesino.co

De acuerdo con cifras expuestas por el PNUD, “el 88.7% de las víctimas de violación sexual durante el conflicto interno en Guatemala pertenecían a grupos Maya; un 62% de ellas tenian edades comprendidas entre los 18 y 60 años, un 35% eran niñas menores de edad y un 3% eran mujeres ancianas”, cifras que marcaron la historia de las mujeres de la comunidad indígena Maya-Quechí, que lograron el pasado miércoles, lo que será un hito trascendental en la violencia de género.

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Por primera vez se juzgó la violencia sexual como crimen de guerra. “En la persecución del enemigo, las mujeres se convirtieron en objetos de guerra”, declaró la jueza Jazmin Barrios, en el artículo publicado por el PNUD. Reconociendo así el uso de la violación sexual como un arma estratégica de guerra a lo largo de los 36 años del conflicto armado interno.

Las mujeres indígenas Maya-Quechi sufrieron de todas las formas de violación a sus derechos humanos y fueron violentadas sexualmente. El destacamento militar de Sepur Zarco se instaló en 1982 y funcionó como centro de recreación hasta 1986, período durante el cual miembros del ejército perpetraron violaciones sexuales repetidamente, y forzaron a las mujeres a limpiar, lavar y preparar comida para ellos.

 

De acuerdo al PNUD desde el 2010 se realiza el Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición -PAJUST- y ha venido apoyando el desarrollo de capacidades del Estado y de la sociedad civil para el ejercicio integral de los derechos a la verdad, justicia y reparación a víctimas del enfrentamiento armado, así como medidas para la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos.

El Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición -PAJUST- ha venido apoyando el desarrollo de capacidades del Estado y de la sociedad civil para el ejercicio integral de los derechos a la verdad, justicia y reparación a víctimas del enfrentamiento armado, así como medidas para la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos.

 

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