¿Y de las tierras qué?

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Según el más reciente informe de  Amnistía Internacional  ocho millones hectáreas fueron despojadas o adquiridas por la fuerza a causa del conflicto armado interno.  Las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas han sido las principales víctimas del despojo de  sus  tierras.

Por: Periódico El Campesino

Gonzalo Villareal es un campesino, cultivó papa, cebolla y  mora en las montañas de del Cauca, durante décadas vivió en medio del conflicto armado que históricamente se ha desarrollado en este  departamento del sur occidente colombiano.  A pesar de usar ruana y botas de caucho tiene rasgos de indígenas Paéz, su acento revela  el origen campesino del que se siente orgulloso. Ha sabido enfrentar los problemas de la guerra, en su vereda la organización indígena  ejecuta estrictos protocolos en caso de  combates entre las fuerzas armadas y las guerrillas que por allí acampan.  La noche anterior un pelotón de hombres armados ingresó a su finca, le cuestionaron el uso de botas de caucho y le robaron algunas de sus pertenencias, pocos minutos más tarde un helicóptero artillado  disparo desde el aire y algunas balas le dieron a las paredes de su rancho. Gonzalo se desplazó hacia la cabecera municipal más cercana, Caloto y abandonó su  finca.

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Cinco millones de colombianos han vivido situaciones similares y las tierras quedaron a merced de los grupos armados y de la minería ilegal o de plantaciones de monocultivos, en ese sentido el diario EL PAIS, informó que cerca del 14 por ciento de las tierras en Colombia han sido objeto de despojo por vías violentas, es decir 8 millones de hectáreas que están en las cuentas de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras.

El reporte llamado Colombia: restituir la tierra para alcanzar la paz, aclara también que el proceso de restitución de tierras avanza de forma paquidérmica por diversos factores entre ellos las continuas amenazas a los líderes rurales que encabezan los procesos de retorno a los campos, la corrupción y los procesos administrativos.

El informe señala a las autoridades de practicar una política deliberada de expulsión de la población en zonas ricas en recursos naturales.

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