Acuerdo de Escazú: un tratado latinoamericano por la justicia ambiental

En este mes se ha comenzado el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado que tiene como objetivo implementar ejes democráticos que permitan establecer una justicia ambiental y la soberanía de decisión de las comunidades sobre sus territorios en países de América Latina y El Caribe.

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Foto: Buenaventura en Línea

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), cuenta como uno de los primero tratados que tiene como base la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos de aquellas personas violentadas por ejecutar actividades que preservan los ecosistemas.

El 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, 24 países adoptaron el acuerdo, entre ellos, Colombia; comprometiéndose a implementar las medidas establecidas para la protección de los defensores ambientales y dar paso a la participación de las poblaciones de las naciones a tomar decisiones importantes para sus territorios.

En septiembre del año pasado se inició la formalización del proyecto con las firmas de los participantes; en tan solo un mes se consiguieron 15 firmas superando el mínimo exigido de 11. El proceso siguiente es la ratificación de cada país y ha sido Guyanas el primer país de América Latina y El Caribe en ratificar su participación en el Acuerdo de Escazú.

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Los tres ejes de la democracia ambiental propuesta en el acuerdo

1- El primer eje se fundamenta en el derecho de dar a conocer a las poblaciones información sobre todo proceso que se quiera llevar a cabo en su entorno y a partir de la obtención de estos datos puedan participar significativamente en el proceso de toma de decisiones sobre el futuro de sus territorios.

Se trataría de una nueva modalidad de consulta popular en el cual las comunidades tengan voz y voto; sin embargo, cabe resaltar que este mecanismo de participación fue limitado por parte de la Corte Constitucional y los colombianos no pueden impedir proyectos que extraigan las riquezas del subsuelo al ser una decisión definitiva por parte del Estado y no de la población.

2- El segundo eje comprende un compromiso por parte de los estados en crear mecanismos judiciales y administrativos apropiados para reparar a las personas a las cuales se le han violentado sus derechos fundamentales. Este eje se propició de acuerdo a los líderes sociales o defensores ambientales, quien se les a quitado la vida por defender sus territorios, los ecosistemas que brindan recursos como el agua y las riquezas en fauna y flora.

3- Basado en los derechos de participación y de justicia antes mencionados, este eje recalca los principios de manifestación democrática. Esto quiere decir que si se consideran estados democráticos deben cumplir con sus estructuras para que realmente se ejerza la participación de las población en las decisiones que los involucre directamente. 

Colombia ha sido criticado por su ausencia en la firma y ratificación del acuerdo, teniendo en cuenta la crisis situacional de los líderes sociales, los proyectos extractivistas en ecosistemas importantes y megaproyectos como  hidroeléctricas. Gran parte de los colombianos ven este tratado como una alternativa que les permitirá defender sus territorios, otros mientras tanto lo ven como una implementación difícil de establecer en el país.  

Otro de los países que se encuentra entre ojos es Chile por ser uno de los promotores del acuerdo en 2012 y que en la actualidad desiste a firmar, debido a que su cancillería expresó la necesidad de revisar la resolución de litigios para no poner en peligro la soberanía del país. 

Por: Daimer Fernando Losada Bermeo. Periodista.
Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.

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