Desplazamiento en Ituango, una salida forzosa del territorio

La cifra de desplazados forzosamente en Ituango supera las 4.040 personas, que desde el 20 de julio del 2021 tuvieron que abandonar sus territorios a causa de la presencia y hostigamiento de grupos armados, y desastres generados por fuertes lluvias. Las comunidades esperan atención y soluciones pertinentes por parte del Estado.

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Foto por: El colombiano - https://cutt.ly/8QodNDd

El municipio de Ituango se encuentra localizado en la zona norte del departamento de Antioquia, de acuerdo con la Alcaldía municipal está dividido en 3 corregimientos y 101 veredas. Cifras del último Censo Nacional de Población y Vivienda del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, revelan que su población es de 13.541 personas. 

Históricamente este municipio ha estado marcado por el conflicto armado y el abandono estatal. Según la Defensoría del Pueblo, por más de 5 décadas ha sido una zona estratégica seleccionada para ejercer control territorial, ya que por su geografía permite la interconexión entre los municipios de Yarumal, Campamento, Angostura, Guadalupe, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos; creando así un amplio corredor para el transporte de armamento y  tropas. 

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Además,  su cercanía con el Parque Natural del Nudo de Paramillo y su topografía, lo han convertido en un foco de interés para la extracción ilegal de recursos maderables y el cultivo de coca de uso ilícito. La deficiencia del Gobierno para garantizar los derechos de la población sólo ha facilitado el accionar de estos grupos. Conforme con las cifras del DANE, el 35,71% de sus habitantes tienen alguna necesidad básica insatisfecha, el 12,53% vive en condición de miseria y el 13,63% no cuenta con acceso integral a servicios públicos. 

En la actualidad, esta región atraviesa una gran crisis humanitaria según  asegura el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR, que desde el pasado 21 de julio del 2021 ha brindado atención a 4.041 desplazados de 1.548 núcleos familiares. Quienes tuvieron que migrar al casco urbano del municipio a causa de intimidaciones por parte de grupos armados, y desastres ambientales ocasionados por una fuerte temporada de lluvia, la cual ha provocado la pérdida de más de 200 hogares. 

“Como organización humanitaria hacemos un llamado para que la población civil sea respetada, protegida de los efectos de las hostilidades y se les garantice el acceso a los servicios básicos. Además, les recordamos a todos los actores estatales la obligación que tienen de respetar las normas humanitarias, incluyendo prevenir el desplazamiento de la población”, señaló Otchoa Datcharry, jefe de la subdelegación del CICR en Medellín.

Así mismo, la organización Movimiento Ríos Vivos,  le solicitó al Estado habilitar todas las vías de acceso (terrestres, fluviales y aéreas), para permitir el ingreso urgente de ayuda humanitaria. “Consideramos de suma urgencia que se adecue el aeropuerto y se restablezca su servicio civil, les sea garantizado a las familias desplazadas un alojamiento digno, colchonetas, abrigo, alimentación suficiente y oportuna, elementos de higiene, atención en salud y psicosocial”, afirmó la entidad.

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno ? 

Sólo hasta el 27 de julio del 2021, es decir cinco días después del inicio del desplazamiento masivo, se pronunciaron los altos mandatarios. Luis Fernando Suárez Vélez, gobernador de Antioquia anunció una recompensa para identificar a los responsables de la situación.

Por su parte, el presidente  Duque detalló que junto al Ministerio del Interior,  la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD y la fuerza pública, se asegurará el regreso de los afectados a sus hogares fortaleciendo la presencia militar en las zonas rurales.

Sara Botero, defensora de derechos humanos del Proceso Social de Garantías, manifestó que las medidas que ha tomado el Gobierno para combatir la crisis no han sido efectivas. “Se llevaron algunos kits de auxilio y el gobernador ofreció una recompensa por el responsable de lo que sucede, es irrisorio en el contexto actual de Ituango donde todos están amenazados, una recompensa es poca cosa”.

Por: Ivania Alejandra Aroca Gaona. Periodista.

Editor: Karina Porras Niño. Periodista – Editora.

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