Opinión: El riesgo de haber nacido como indígena en Colombia

Los indígenas viven en zonas donde la presencia de las entidades del Estado es escasa o inexistente, donde están los sembrados de cultivos ilícitos, donde se encuentran las minas ilegales y se explotan ilegalmente los bosques.

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Foto: Radio Nacional de Colombia. https://bit.ly/2lWLdef

Los datos del Censo de 2018 sobre el número de indígenas existentes en Colombia, aún no aparecen en la página web del Dane y están siendo analizados por un comité que los anunciará próximamente. (p. 53 de la tercera entrega del DANE) https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-3ra-entrega.pdf

Por eso es necesario citar aquí los datos del censo de 2005 según los cuales, para ese año, la población indígena era superior a 1.300.000 habitantes, más del 3% de la población total del país. En Colombia hay 87 comunidades indígenas reconocidas y se hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos agrupados en 13 familias lingüísticas. La mayor parte de esta población habita en el área rural colombiana (78%).

A pesar de ser dueños ancestrales del territorio; a pesar de que sus raíces están aquí desde antes de la llegada de los conquistadores, de los colonizadores y de los usurpadores de sus tierras; a pesar de que su lengua, sus costumbres y sus valores han persistido, los indígenas colombianos sufren hoy de una violencia despiadada que los está minando, desplazando y convirtiendo en víctimas que pagan con su vida o su tierra para poder sobrevivir. Desde cuando los “blancos” pusieron pie en este continente, pasaron a ser los rezagados de los beneficios de la sociedad, la cultura, y la paz, todo por la fuerza de las armas.

El informe “Indígenas, bajo fuego” de la Revista Semana, edición No. 1947 del domingo 25 de agosto de 2019 en la Sección Nación, presenta una cruda realidad con cifras alarmantes.

(cfr. https://www.semana.com/nacion/articulo/crisis-humanitaria-lideres-indigenas-amenazados-por-la-violencia/629138)

En la publicación se describen con fechas y cifras las amenazas que han recibido comunidades indígenas en todo el territorio nacional: los zenúes en Córdoba y en el norte del país, los del Cauca y de la costa Pacífica y los de los territorios que son corredor y ruta de ilegales, por parte de la agrupación “Mano Negra”. Aunque, como dice la revista, es muy difícil identificar quiénes integran la “mano negra”, para los líderes indígenas y pobladores de las zonas, estas amenazas pretenden obligarlos a abandonar las tierras que han recuperado. (Cfr. El testimonio de Ferney Hernández, cacique zenú en Sampués en la publicación citada).

Afirma también la publicación que “desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016, en todo el país, la mayoría de los resguardos han sufrido amenazas, desplazamiento forzado, confinamientos o asesinatos, abusos sexuales o torturas de algunos de sus miembros”. Para Luis Fernando Arias, indígena kankuamo y consejero mayor de la Organización Nacional Indígena (Onic) y uno de los líderes indígenas del Cauca que dan testimonio en el artículo, la firma de los acuerdos con las Farc, desató una oleada de violencia contra ellos, en vez de traerles paz, puesto que en la nueva lógica del conflicto, ellos son un estorbo para los grupos ilegales. Ante la escasa presencia de instituciones del Estado en los territorios controlados antes por las Farc, otros grupos delincuenciales tomaron posesión. Ahora están presentes allí las disidencias de las Farc, grupos de narcotraficantes y explotadores de minería ilegal, nuevos o viejos grupos paramilitares, el ELN y delincuentes comunes que pretenden los territorios indígenas antiguos o recientemente recuperados.

Los indígenas viven en zonas donde la presencia de las entidades del Estado es escasa o inexistente,  donde están los sembrados de cultivos ilícitos, donde se encuentran las minas ilegales y se explotan ilegalmente los bosques y donde los grupos armados ilegales podrían campear a sus anchas, de no ser porque allí viven los indígenas. Por eso son blanco de sus amenazas y de sus ataques, como víctimas del nuevo desplazamiento y de la lucha por la tierra. Como lo expresó la Ministra del Interior y como lo cita la revista Semana, es el narcotráfico y la disputa por el control territorial la causa fundamental de esta dolorosa e inaceptable situación.

Ante todos estos hechos, es necesario que el país haga realidad lo que piden las Naciones Unidas en el artículo 17 de su reciente Declaración sobre los Derechos de los campesinos (2019). Citamos aquí algunos apartes.

  1. Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) a utilizarlos a gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad (…)
  2. (…) Los Estados protegerán la tenencia legítima y velarán por que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales no sean desalojados de forma arbitraria o ilegal (…)
  3. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a estar protegidos contra todo desplazamiento arbitrario e ilegal que los aleje de su tierra, de su lugar de residencia habitual o de otros recursos naturales (…) Los Estados prohibirán los desalojos forzosos arbitrarios e ilegales, (…) como medida punitiva o como medio o método de guerra.

Las denuncias son conocidas y están documentadas. El sufrimiento de los indígenas es inenarrable y merece toda la atención de las autoridades. Ellos quieren estar al margen del conflicto y vivir en paz. Precisamente porque son marginados entre los marginados, pobres entre los más pobres, merecen el apoyo y la protección del Estado y nuestro respeto a su vida y a su territorio, lo único que les queda a quienes todo lo tuvieron para vivir con esperanza en este país.

Por: Bernardo Nieto Sotomayor.

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