#Opinión: ¿Por qué Colombia no aprobó la Declaración de los Derechos de los campesinos?

Esta nota es la primera de una serie de reflexiones sobre un documento fundamental en el reconocimiento de los derechos humanos de millones de personas, campesinos y campesinas que, en todo el mundo, pasan su existencia ligados literalmente a la tierra, a su cultivo, a cosechar los frutos que ella les da con su trabajo y esfuerzo, para tratar de sobrevivir dolorosamente en medio de las más graves privaciones.

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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre pasado y distribuida en castellano el 21 de enero de 2019, es la fuente y motivo de estas reflexiones.

Colombia fue uno de los 52 países que no aprobaron la Declaración de los Derechos de los campesinos, promulgada por la ONU el pasado 17 de diciembre de 2018. ¿Qué significa esto para Colombia y para sus más de 10 millones de habitantes campesinos?

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Saber que los representantes de Colombia en la ONU, obedeciendo obviamente las directrices del gobierno central, no aprobaron la Declaración de los Derechos de los Campesinos promulgada, ratificada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 17 de diciembre de 2018, constituye una bofetada a los campesinos colombianos. En esta tabla oficial de la Asamblea General de Naciones Unidas aparecen los resultados de la votación final.Colombia aparece como uno de los 52 países que se abstuvieron de aprobar la Declaración.

¿Qué significa este gesto de los actuales gobernantes del país, para los más de 10 millones de habitantes del sector rural y de pequeños centros poblados, que escasamente obtienen su sustento del cultivo de la tierra y que representan un poco más del 22% de los habitantes colombianos, de acuerdo con el censo de 2018?

Según el censo, más de 35 millones de personas viven en ciudades o cabeceras municipales y más de 10 millones de colombianos viven en el sector rural o en pequeños centros poblados. Esto, sin incluir en esa cifra a los más de 6 millones de campesinos desplazados, víctimas del conflicto armado, y que apenas sobreviven en las ciudades y cabeceras municipales. Si sumáramos estas dos cifras, campesinos actuales y desplazados campesinos, estaríamos hablando de más de 16 millones de colombianos.

¿Por qué el gobierno no quiso aprobar la Declaración, si en nuestro país viven y sobreviven del campo todos estos millones de colombianos? ¿Es que desconoce los derechos de los campesinos? O, ¿reconocerlos y cumplirlos, como pide la Declaración, representa para Colombia una exigencia tan difícil y extrema que no la resiste el país? ¿Son ellos un problema tan grave que, de comprometerse Colombia en el cumplimiento de lo que se pide en la Declaración, aceptaría iniciar un gigantesco, verdadero, pero imposible cambio social?

Para responder a estos interrogantes con seriedad, me parece muy importante tener en cuenta, en primer lugar, la definición de la Declaración sobre quiénes son campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales: toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con otras o como comunidad, a la producción agrícola en pequeña escala para subsistir o comerciar y que para ello recurra en gran medida, aunque no necesariamente en exclusiva, a la mano de obra de los miembros de su familia o su hogar y a otras formas no monetarias de organización del trabajo, y que tenga un vínculo especial de dependencia y apego a la tierra” (Art. 1, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, ONU, diciembre 17, 2019)

Para las Naciones Unidas que aprueban mayoritariamente la Declaración y la promulgan con validez, los campesinos son los pequeños, no los grandes latifundistas y propietarios de la tierra. Por tanto, los derechos que reconocen las Naciones Unidas son los de los pequeños, los pobres, los que nacieron pegados a la madre tierra. Y, aunque huelan a tierra, por eso huelen bien, son auténticos y son de la tierra, por naturaleza.

De entrada, pues, en el Artículo 1 de la Declaración se plantea un problema real y conceptual para el país, en cuya solución quienes dirigen a Colombia no se han comprometido y no se quieren comprometer: la tenencia y aprovechamiento de la tierra en pequeña escala es la que otorga a los habitantes del campo los derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos de los campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

Encuentro aquí una de las causas, no evidentes y explícitas, por supuesto, que motivó la negativa de Colombia a aprobar la Declaración. Los grandes dueños de tierras, que además, participan activamente en el gobierno del país, jamás aceptarían esta definición que los excluye de ser considerados campesinos, pues sólo son dueños de tierras y no auténticos hijos de la madre tierra, con derechos como los que se reconocen a quienes hoy apenas sobreviven con su trabajo de los frutos que ella les entrega, en estos 6 grupos que agrupan los 28 artículos de la Declaración:

  • El derecho a un nivel de vida adecuado;
  • El derecho a la soberanía alimentaria, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad;
  • La adopción de reformas agrarias estructurales y la protección frente al acaparamiento de tierras;
  • El derecho a que los campesinos puedan conservar, utilizar, intercambiar y/o vender sus semillas;
  • El derecho a recibir una remuneración digna por sus cosechas y trabajo, y
  • Los derechos colectivos para contribuir a la justicia social sin ningún tipo de discriminación.

En otras notas podremos analizar otros aspectos de la Declaración que debe provocar en Colombia una profunda reflexión orientada a producir los cambios reales que requiere el país para lograr el equilibrio social que garanticen la paz y la reconciliación entre los colombianos.

Por: Bernardo Nieto Sotomayor. Equipo Editorial Periódico El Campesino.

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