¿Cómo garantizar los derechos de las comunidades rurales y proteger los Parques Nacionales?

Expertos aseguran que sería necesario hallar alternativas desde la pedagogía ambiental, reformas jurídicas y en la misma gestión campesina.

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AFP

Según cifras del último Censo Nacional Agropecuario de 2014, un total de 38 áreas del Sistema de de Parques Nacionales Naturales se encuentran habitadas por 6.084 familias, unas 22.371 personas, una situación que ha generado conflicto en torno a la necesidad de primar los derechos de los campesinos o la protección del ambiente.

Los expertos aseguran que es necesario dar el debate pero atendiendo a ambas necesidades, de manera que los habitantes de estas zonas se vuelvan protectores y guardianes de áreas de interés ecológico, partiendo también del cumplimiento que se le debe dar al punto 1 del Acuerdo de La Habana: avanzar hacia una “reforma rural integral”.

Las alternativas 

Sebastián Gómez, miembro del Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES), afirma que una opción podría darse desde “un ordenamiento territorial basado en la gestión de la comunidad”, ya que existen instituciones comunitarias que podrían mediar las relaciones en los territorios más adecuadamente.

Asimismo, se requería que el Estado se descentralice para otorgarle “el poder a la gente, y es en la gente donde se encuentran las capacidades para gestionar conflictos”, agrega Gómez.

La pedagogía

En lo que atañe a la pedagogía ambiental, “una cosa es que el Gobierno tenga los profesionales en la ciudad pensándose cómo son estos procesos de conservación y otra cosa es la pedagogía que realmente se está llevando a los territorios, que es prácticamente nula”, explica Estefany Grajales, delegada de la Fundación Comunidades Unidas de Colombia (COUNCO).

La delegada de COUNCO asegura que se requiere que los campesinos entiendan “qué es un área de conservación y su importancia”, antes de avanzar en la delimitación del uso y aprovechamiento de los ecosistemas a estas comunidades.

Por su parte, Carlos Olaya, abogado de la Universidad Nacional y experto en normas ambientales, propone una reforma jurídica que permita proponer otro decreto para cambiar las normas que no sirven para dar vía a coadministración y al cambio de ‘chip’ de los operadores jurídicos sobre algunas interpretaciones normativas.

El jurista determina que se necesitan “nuevos instrumentos de planeación, en los que esté inmerso el régimen especial de manejo con campesinos, que sí existe con indígenas”. Igualmente, “leer de otra forma estos textos vigentes”, podría asegurar la tenencia a los campesinos y se revaluaría el criterio de limitación a la expropiación a la compra de mejoras.

Un estudio reciente de El Tiempo, en donde se evaluó la implementación de los acuerdos de La Habana, asegura que el punto más atrasado es el de Reforma Rural Integral. Con un 2% de ejecución normativa también ampliaría el grado de eficacia de la norma sobre los territorios.

Una política de preservación que se reafirma tras el Acuerdo de Paz

Luego de la firma del Acuerdo Final para la Terminación definitiva del Conflicto en 2016, se abrió un camino para la atención de los problemas estructurales que amenazan la integridad de los parques.

En el capítulo de Reforma Rural Integral (RRI), se contempla la zonificación ambiental, el cierre de la frontera agrícola y la protección de áreas de especial importancia ambiental y el capítulo de Solución al Problema de las Drogas Ilícitas dentro de PNN.

Con respecto al deterioro y transformación de los ecosistemas naturales en Colombia, el Gobierno realizó la suscripción del Acuerdo para la Prosperidad Número 79 en 2012, nombrado “por la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de Nuestro Patrimonio Natural y Cultural”, en parte por la ocupación indebida de zonas de reserva de comunidades.

El convenio propuso la construcción de una política pública que facilitara la reubicación de las familias ocupantes de PNN en territorios limítrofes a estas áreas. (Le puede interesar: ¿Campesinos deben o no habitar Parques Nacionales Naturales?)

Asimismo, se habilitó la atención integral del Estado a las comunidades para poder acceder a tierras, vivienda, inversión productiva, saneamiento básico, educación y salud, y para iniciar acciones de restauración ecológica.

Sin embargo, aunque se adelantan mesas de concertación para los campesinos en zonas declaradas como reserva, las comunidades solicitan más presencia del Estado para la implementación de los programas.

Por: Andrés Neira. Periodista.
Editor: Mónica Lozano. Periodista – Editora.

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