El desafío de implementar los derechos de los campesinos en Colombia

La Declaración de los Derechos de los Campesinos, aprobada en diciembre del año pasado, es considerada un logro histórico para las comunidades campesinas del mundo, que por su tradicional relación con la tierra garantizan la seguridad alimentaria y el bienestar del medioambiente.

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Foto por: Syngenta

La Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de Los campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales tiene como puntos base la definición del campesinado; la integralidad de los sistemas agroalimentarios; la organización social para la producción y la defensa de los derechos ganados; la formación pertinente y adecuada que reconozca los conocimientos tradicionales; y  el acceso y reconocimiento jurídico a la tierra y control de bienes fundamentales para la producción y reproducción de la vida, el agua y la biodiversidad.

Dicha Declaración fue aprobada el 17 de diciembre del 2018 con un total de 151 votos a favor, 8 en contra y 54 abstenciones. Entre los países que se abstuvieron se encuentra Colombia, que pese a la importancia histórica de este documento no mostró voluntad política de apoyar los derechos del campesinado. Razón por la que el jueves 4 de abril del presente año se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Bogotá un foro para discutir las propuestas y desafíos de implementar la Declaración en el país.

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Inicialmente, cabe mencionar que este importante logro hace parte de esfuerzos realizados por varios años atrás, cuando en 2012 el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos hizo un análisis sobre los desafíos del campesinado evidenciando las situaciones de discriminación que estaban y están viviendo estas comunidades. Ante lo que el Comité recomendó adoptar una declaración basada en la que ya había hecho La Vía Campesina, movimiento internacional que reúne a millones de campesinos en todo el mundo con el objetivo de defender la agricultura campesina por la soberanía alimentaria como una forma de promover la justicia social y la dignidad de los campesinos.

Respecto a las expectativas de la Declaración, Juan Ricardo Maldonado, de la Oficina en Colombia ONU para los derechos humanos manifestó que “se espera que los gobiernos puedan formular e implementar políticas a favor de la declaración de los derechos de los campesinos, compromiso que también está planteado en torno a la responsabilidad de todos los estados por el respeto de los derechos humanos”.

Implementar la Declaración en Colombia

La lucha que inicia por la adopción de la Declaración en Colombia, parte de la Resolución 464 de 2017 por la cual se adoptan los lineamientos estratégicos de la Agricultura Familiar y comunitaria; las definiciones necesarias para comprender la política pública de la agricultura campesina; los valores orientados hacia dichas políticas y los ejes estructurales de estos lineamientos. Resolución que se consiguió gracias a un trabajo conjunto de las distintas organizaciones sociales populares en diálogo con las entidades académicas y la cooperación internacional, posibilitada por la consolidación de la Mesa Técnica de Agricultura Familiar.

Ante la relevancia que tiene iniciar procesos para que estos derechos sean reconocidos en el país Ana María Suárez Franco de FIAN Internacional afirmó que “hay que tener en cuenta que la cuestión campesina es mucho más que una simple lista de derechos, es una cuestión de identidad y por eso en el preámbulo hay unos elementos importantes como la invisibilidad de los derechos, por ejemplo hablar del derecho a la tierra sin tener en cuenta lo que esta representa para el campesino no tiene ningún sentido”.

Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional se abstuvo ante la Declaración, Edmundo Gaston, Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, hizo un llamado para que se luche por alcanzar algún día que la Declaración se convierta en una política de Estado, así mismo, invitó a la participación política de las comunidades campesinas e indígenas indispensables para que los derechos no solo sean reconocidos, sino implementados.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, resaltó el cumplimiento que ha tenido la entidad con la tarea de caracterizar a la población campesina del país y recordó a los asistentes que los datos recolectados referentes al campesinado son un aporte objetivo para identificar las vulnerabilidades y permitir que el Estado actué de manera pertinente. Igualmente mencionó que en la Encuesta Nacional Agropecuaria; la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana; y  la Gran Encuesta Integrada de Hogares, se incluyen preguntas específicas para la identificación de los campesinos.

Finalmente, frente a los aportes de cada participante del foro se llegó a la conclusión de que aunque es importante la voluntad política para la implementación de la Declaración, lo realmente primordial es la unión y potencia de todas las organizaciones sociales y comunidades que tengan como objetivo la mejora de la calidad de vida y el bienestar en los territorios rurales del país.

Por: Karina Porras Niño. Periodista.
Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.

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